Resumen: 

En un contexto como el colombiano, la justicia transicional ha adoptado una credencial restaurativa que se administra en un escenario judicial penal, el cual se presenta como prospectivo, dialógico y restaurador. Por otra parte, el organismo extrajudicial de la comisión de la verdad, careciendo de una identidad explícitamente restauradora, ha operado bajo el anhelo de proveer una lectura del conflicto armado que tienda puentes para la convivencia pacífica, que explique lo ocurrido a las víctimas y que dé un sentido al daño que permita construir un país del post conflicto. Las dos instituciones, llamadas jurisdicción especial para la paz y comisión para el esclarecimiento de la verdad, derivadas del reciente acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, buscan responder a los derechos de las víctimas. No obstante, a la par de su implementación, en Colombia se vive una situación de transmutación del conflicto armado en donde a la larga lista de victimizaciones se incluyen ahora también los ex combatientes firmantes de la paz y en la cual existen al menos cinco conflictos armados internos, más de 300 bandas de crimen organizado ejerciendo formas de control sobre los territorios y una realidad extrema en materia de Derechos Humanos.  Este contexto presenta una dura prueba para las ideas restaurativas, en especial frente a su real potencial de cumplir las promesas que hace, de estar a la altura de las expectativas que siembra, de adaptabilidad en un contexto de estándares mínimos y la potencialidad de responder adecuadamente a los derechos de las víctimas, así como garantizar una convivencia pacífica.  

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Estas inquietudes se tejen desde la experiencia práctica habiendo participado en la comisión de la verdad como investigador para el informe final, en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la conformación e implementación inicial de los mecanismos del sistema integral, como asistente a una de las delegaciones de víctimas que acudió a las negociaciones de paz de La Habana y como víctima del conflicto armado interno colombiano que le dejó con doce años de edad sin padre, un gran defensor de derechos humanos, abogado y humanista que dedicó su vida a proteger a las víctimas.